En 2025, el Servicio de Mediación Jurídica de Cáritas atendió 2.150 casos, con un enfoque notable en el ámbito penitenciario y las personas en riesgo de exclusión social. Un total de 711 casos se relacionaron con asuntos penitenciarios, mientras que 1.339 se centraron en el apoyo a personas en situaciones vulnerables. De las 1.139 atenciones específicas, se destacó la alta demanda para gestionar prestaciones y recursos legales diversos, reflejando la complejidad y urgencia de las necesidades de aquellos en situación precaria. José Sánchez Sánchez, responsable del servicio, subraya los desafíos asociados con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), señalando su importancia fundamental para evitar la pobreza, aunque lamenta la burocracia que complica su solicitud.
A su vez, el tema de la vivienda surge como un asunto crítico. Con comunidades específicas, como los barrios de La Estrella y La Milagrosa, representando el 31% de las solicitudes de ayuda, y un creciente número de casos en El Ensanche, donde la expiración de contratos de arrendamiento genera vulnerabilidad. Sánchez destaca cómo la falta de recursos afecta el componente de empleo asociado al IMV, y cómo los problemas de vivienda, con contratos vencidos y aumentos en los alquileres, están exacerbando la precariedad. Estos desafíos reflejan la ardua tarea de Cáritas para abordar no solo las necesidades inmediatas, sino también las causas subyacentes de la exclusión social.
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