Las doce comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han expresado su inquietud al Gobierno central respecto al nuevo diseño de la línea de ayudas para la movilidad eléctrica, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Este grupo considera que el plan «persiste en los errores del pasado» y genera una «inseguridad jurídica» que compromete su implementación efectiva. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín, ha solicitado un «cambio de modelo» que incluya un marco de ayudas más amplio, permitiendo la promoción de vehículos eficientes de diversas tecnologías, incluidos biocombustibles y gases renovables.
Las comunidades también han criticado la complejidad del nuevo esquema, que no ofrece ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos y que aumenta la burocracia en la gestión del programa. Insisten en la necesidad de un Moves IV que incluya descuentos inmediatos en las facturas de compra y beneficios fiscales, similares a los implementados en otros países europeos. A pesar de sus críticas, los gobiernos autonómicos del PP han mostrado disposición para colaborar con el Ejecutivo en la creación de un nuevo programa que simplifique el proceso de tramitación y garantice que el subsidio esté disponible para los ciudadanos de manera ágil.
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