La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introducirá cambios significativos en el sistema judicial español, destacando la creación de Tribunales de Instancia. Esta reforma se implementará de forma escalonada, comenzando en Albacete el 1 de julio, donde se establecerán en los juzgados de partidos judiciales más pequeños, mientras que la capital deberá esperar hasta el 31 de diciembre de 2025. El nuevo modelo busca optimizar recursos mediante la integración de funciones de varios juzgados, permitiendo que un grupo de funcionarios comparta sus labores según la necesidad de los jueces, aunque los juzgados únicos, como el de Alcaraz, no experimentarán grandes cambios.
A pesar de las expectativas de descongestionar los juzgados y mejorar la eficacia judicial, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha advierte sobre la falta de inversión necesaria para garantizar el éxito de esta reforma. Aunque se prevé concluir con la misma cantidad de jueces, la necesidad de más personal sigue siendo urgente, especialmente en áreas como la Sección Penal y los juzgados de Familia. Se espera que, aunque se cree alguna plaza para juzgados de violencia contra la mujer, la creación de nuevas plazas en otros juzgados sea limitada, lo que plantea dudas sobre si la reforma podrá realmente abordar los problemas de congestión en el sistema judicial.
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