En Washington D.C., la tensión es palpable mientras cientos de efectivos bajo la dirección de Donald Trump patrullan las calles, aparentemente para frenar una supuesta ola de criminalidad que el presidente califica de «emergencia». La medida incluye la participación de la Guardia Nacional y agentes federales, y se prevé su extensión a ciudades como Chicago y Nueva York, todas gobernadas por demócratas. Las acciones de Trump han suscitado críticas, particularmente porque las cifras oficiales indican que Washington tiene la tasa de homicidios más baja en tres décadas. A pesar de esto, el presidente sostiene que su estrategia ha reducido el crimen casi a cero, respaldado por Pam Bondi, fiscal general, quien anunció que más de 1,000 personas han sido arrestadas en dos semanas.

Los planes de Trump no se detienen ahí. En busca de medidas más drásticas, como la pena de muerte por asesinato en la capital, el mandatario avanza con su idea de un proyecto de ley integral contra el crimen. Críticos señalan que esta iniciativa podría ser un pretexto para perseguir a indocumentados en ciudades santuario, como Washington y Los Ángeles, que limitan su colaboración con autoridades federales. Mientras tanto, ciudades con niveles de criminalidad más altos en estados republicanos, como Memphis y Detroit, parecen estar fuera del foco presidencial, lo que ha alimentado aún más la polémica en torno a su enfoque selectivo.

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