El Gobierno español ha dado un paso significativo hacia la promoción de la alimentación saludable en los centros educativos al aprobar un nuevo real decreto que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y bollería industrial en los comedores escolares. Esta normativa, que pretende garantizar comidas más nutritivas y variadas, se aplica a todos los centros que imparten educación infantil y secundaria, asegurando que al menos el 45% de las frutas y hortalizas servidas sean de temporada. Además, se establece un mínimo de cinco comidas saludables por semana y se fomenta el uso de productos locales y ecológicos, beneficiando así a los agricultores y ganaderos españoles.
La normativa también limita la frecuencia de alimentos ultraprocesados, permitiendo un máximo de una ración mensual de platos precocinados y una de frituras a la semana, además de imponer restricciones en el contenido energético y de grasas de los alimentos. Se busca, en definitiva, no solo mejorar la salud de los estudiantes, sino también reducir las desigualdades en salud en el país. El ministro de Derechos Sociales ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación para todos los niños, y ha señalado la importancia de implementar políticas más amplias que aborden la pobreza infantil en España.
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