El Gobierno ha defendido la infiltración de agentes de la Policía Nacional en movimientos sociales independentistas como parte de sus labores de inteligencia, a pesar de las críticas de ERC. En una reciente respuesta parlamentaria, el Ejecutivo afirmó que esta actividad se centra en la recopilación de información relevante para la seguridad pública y no en ideologías o movimientos sociales. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, había denunciado que un agente operó encubierto durante tres años, participando en actividades y protestas, lo que ha levantado sospechas sobre posibles abusos y vulneraciones de derechos cívicos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha clasificado estas acciones como medidas preventivas que se llevan a cabo dentro del marco legal establecido, pero ERC cuestiona la transparencia de estos procedimientos. El Gobierno enfatizó que la función de estos agentes radica en captar y analizar datos esenciales para el orden público, conforme a lo estipulado por la Ley Orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante, el debate sobre los límites de estas prácticas y el impacto en los derechos ciudadanos continúa intensificándose.
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