El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un significativo paquete de medidas anticorrupción que busca cerrar grietas en la administración pública y en la financiación de partidos políticos. Este ambicioso plan, presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consta de 84 iniciativas que afectan a 18 leyes, reforzando el castigo a las empresas implicadas en corrupción y estableciendo más controles sobre los fondos que manejan los partidos. El nuevo anteproyecto, que surge tras la conmoción por la supuesta implicación en un escándalo de corrupción del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, persigue cubrir el ciclo completo de la corrupción. Una de las medidas clave es la creación de un registro público de empresas vetadas por la administración, acompañada por un aumento de la pena máxima de inhabilitación a 15 años, periodo en el que no podrán recibir ni subvenciones ni beneficios fiscales.
En el ámbito de la transparencia política, las reformas exigirán a los partidos publicar donaciones a partir de 2.500 euros, reduciendo significativamente el umbral actual de 25.000 euros. Además, será obligatorio realizar auditorías externas, y no hacerlo conllevará sanciones graves. Para fortalecer la lucha anticorrupción se instituirá la Agencia Independiente de Integridad Pública, que unificará los esfuerzos dispares contra el fraude, además, se ampliará el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años para permitir investigaciones más exhaustivas. Con este paquete de medidas, el Gobierno espera no solo restaurar la confianza pública sino también mejorar la eficacia en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
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