En una reciente sesión del Congreso de los Diputados, el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo, junto con Vox y Junts, ha rechazado un decreto de medidas sociales que impacta de manera directa a millones de pensionistas en España. En concreto, esta decisión repercutirá en 12 millones de personas que perciben pensiones, provocando que 30.299 de ellas dejen de recibir, en promedio, cerca de 500 euros este año. Además, la decisión afectará a las comunidades autónomas, que dejarán de ingresar casi 10.000 millones de euros, y a los ayuntamientos que verán pérdidas que superan los 1.160 millones. Esta postura política ha suscitado preocupación en diversos sectores, ya que afecta no solo a los pensionistas, sino también a familias vulnerables que perderán la posibilidad de acceder a descuentos en bienes y servicios esenciales.
La lógica detrás del voto en contra del decreto parece ser una estrategia electoral, donde la derecha confía en que causar inconvenientes a la población beneficiará sus aspiraciones políticas. Este enfoque se contradice con la necesidad de promover políticas que ayuden a los ciudadanos, especialmente en una situación económica compleja. Mientras tanto, las multinacionales energéticas se benefician, ahorrándose 350 millones de euros con la caída de un impuesto que gravaba sus grandes beneficios. De esta manera, los sectores menos favorecidos sufren las consecuencias de decisiones políticas que parecen priorizar el interés partidista por encima del bienestar general.
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