El sistema judicial en Castilla-La Mancha se enfrenta a un escandaloso retraso en la resolución de casos, como lo ejemplifica un accidente laboral que tomó 17 años en cerrarse. Emilio Fernández, fiscal superior de la región, destacó la inaceptable demora de un procedimiento relativamente sencillo donde un camión de basura atropelló a un trabajador. Este problema no es un hecho aislado, y Fernández destaca que los retrasos son comunes tanto en la fase de instrucción como en la suspensión de juicios. El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, comparte la preocupación, afirmando que la lentitud judicial equivale a una injusticia y sugiriendo que se está jugando con la falta de agilidad en los procedimientos.
García-Page subraya que las competencias sobre justicia recaen en el Estado, y aunque el Ministerio había planteado la transferencia de estas competencias a las autonomías, la propuesta fue rechazada debido a la falta de atractivo. El presidente de la Junta considera que la transferencia de competencias en materia de justicia no ha sido la mejor decisión para España y aboga por un acuerdo de Estado para agilizar los procedimientos. Durante un convenio firmado con la Fiscalía Superior para mejorar la coordinación en salud y seguridad laboral, propuso un plan de «armonización» para evitar desigualdades en la administración de justicia, reafirmando que el sistema judicial debería ser equitativo para todos los españoles. A pesar de las dificultades políticas, García-Page se mantiene optimista sobre un futuro donde los problemas de la gente adquieran mayor protagonismo.
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