La situación diplomática entre España y Palestina ha visto una intensificación en los últimos meses, tras el reconocimiento oficial del Estado palestino por parte del Gobierno español hace más de un año. Pedro Sánchez defendió entonces que la única solución viable al conflicto es la creación de dos Estados, con Jerusalén Este como capital, lo que ha desencadenado un evidente deterioro en las relaciones con Israel. Este contexto se ha agrandado con la reciente escalada de violencia en Gaza, ocasionada por los ataques de Hamás, lo que ha llevado a España a redoblar esfuerzos en forjar alianzas internacionales y presionar en foros como la Conferencia de Naciones Unidas de junio, abogando por un mayor reconocimiento a Palestina y exigiendo un embargo de armas a Israel.

En este marco, el Gobierno ha enfrentado críticas por sus contratos de armamento con empresas israelíes, y ha generado un debate interno sobre la moralidad de tales acuerdos, especialmente a la luz de los informes de crímenes de guerra en Gaza. A pesar de las dificultades, se están tomando medidas para garantizar un embargo en el comercio de armas con países que cometen atrocidades. Con el impulso de una reciente ley en el Congreso y el respaldo de varias naciones de la UE, parece haber un creciente clamor por un enfoque más firme hacia las acciones de Israel, mientras que España busca posicionarse como un líder en la defensa de la causa palestina y en la búsqueda de una paz duradera en la región.

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