El reciente presupuesto 2026 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha provocado una fuerte reacción por parte de Podemos Castilla-La Mancha, quien denuncia que el documento, aprobado con la mayoría absoluta del PSOE, contempla «nuevos recortes y privatizaciones» en sectores críticos como la educación y la sanidad. Irene Arcalá, coordinadora autonómica de la formación, ha señalado que este presupuesto representa una continuidad con el legado «privatizador» de la expresidenta María Dolores de Cospedal. Arcalá sostiene que estas medidas «dan la espalda a las necesidades de las clases populares» y perpetúan una lógica «neoliberal» que cuestiona el compromiso del Gobierno regional con los servicios públicos.
Además, Arcalá ha criticado que los nuevos recortes afectan diversas áreas, incluyendo la promoción y protección social de las mujeres para entidades locales, la gestión de espacios naturales y el transporte terrestre, con reducciones presupuestarias que oscilan entre el 0,2% y el 17%. La coordinadora ha expresado preocupación por la disminución de 51.500 euros en la partida destinada a la protección social de las mujeres y ha instado al ejecutivo de Emiliano García-Page a aclarar si esta reducción afectará a los servicios de prevención y actuación frente a la violencia machista. La situación plantea una controversia sobre la dirección en la que se encamina la región bajo el actual liderazgo.
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