Ayer, en un giro inesperado, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) unieron fuerzas en las Cortes para aprobar una resolución sobre el agua que exige al Gobierno de España la implementación inmediata de los caudales ecológicos en el río Tajo, cumpliendo así con una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, la unión fue fugaz, ya que en las siguientes horas resurgieron las tensiones entre ambos partidos por la gestión del agua. La portavoz del PP, Carolina Agudo, criticó al PSOE por no apoyar una propuesta alternativa que buscaba un pacto nacional sobre el agua, lo que revela las diferencias subyacentes en una cuestión de vital importancia para los territorios involucrados.
La resolución también incluyó una demanda al Gobierno regional para que revoque un nuevo impuesto sobre el agua, lo que ha suscitado la oposición de algunos alcaldes socialistas. El diputado socialista Antonio Sánchez Requena expresó su «estupefacción» por las críticas desde el Levante hacia el presidente regional, Emiliano García-Page, y señaló que el PP parece más preocupado por divisiones políticas que por abordar la problemática del agua de manera constructiva. Agudo respondió acusando a Page de fomentar la confrontación en lugar de buscar soluciones efectivas, lo que pone de manifiesto la complejidad de las relaciones políticas en torno a la gestión hídrica.
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