El Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha ha avanzado hacia su debate final en el Pleno, después de superar la Comisión de Economía y Presupuestos. Bajo la presidencia de Juan Antonio Moreno Moya, se aprobaron las nueve enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, mientras que las 64 propuestas de la oposición, divididas entre el Grupo Popular y Vox, fueron rechazadas. Las enmiendas opositoras volverán a debatirse en las Cortes, donde la diputada socialista Silvia Fernández se encargará de defender el dictamen. Las discusiones abarcaron temas como la disolución de la Agencia del Agua y el canon correspondiente, además de cuestiones fiscales y laborales del sector público.
La eliminación de la Agencia del Agua fue defendida por Fernández con el argumento de mejorar la eficacia administrativa al integrarla en la Consejería de Desarrollo Sostenible, mientras que Vox y el PP mostraron su preocupación por la falta de transparencia y el impacto desconocido. En cuanto al canon del agua, ambas formaciones opositoras lo tacharon de un «impuestazo», desafiando al PSOE a eliminarlo en otras regiones bajo su gobierno. Asimismo, el debate se extendió a la carrera profesional sanitaria, donde el PP criticó el cambio de postura de los socialistas, mientras que Fernández argumentó un compromiso sostenido con la mejora de la sanidad. Finalmente, las disputas incluyeron la situación del Tercer Sector, con el PP preocupado por su viabilidad financiera y la administración regional reafirmando un retorno posible al consenso estatutario.
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