Cada año, el 6 de diciembre resuena en España como un recordatorio de la aprobación de la Constitución de 1978, un texto que nació del consenso y que busca ser un pilar de convivencia. Este documento establece un marco de diversidad y pluralismo, sugiriendo que la riqueza de la sociedad radica en la capacidad de coexistir a pesar de las diferencias. Sin embargo, también deja al descubierto una paradoja: al ser una «Constitución no militante», permite la existencia de grupos que, aunque promuevan principios antagónicos, pueden actuar sin restricciones siempre que se mantengan dentro del marco legal.
Este enfoque, aunque éticamente defendible, plantea desafíos en la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. La Constitución no impone límites estrictos a las ideologías que buscan desmantelar los principios que la sustentan, lo que genera una discusión sobre la tolerancia hacia las ideologías intolerantes. En este contexto, es imperativo que quienes valoran el marco constitucional actúen con firmeza, utilizando la fuerza de los votos y la ley como escudos de la libertad y el orden social. La unidad y el respeto a la diversidad son, en última instancia, los pilares que nos permiten seguir avanzando juntos, bajo el paraguas de un estado dirigido por principios sólidos.
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