El debate sobre los privilegios de la clase política ha cobrado fuerza en la Comunidad Valenciana tras la controversia en torno a la posible dimisión del presidente Carlos Mazón. Críticas de Compromís apuntan a que su negativa a renunciar se debe al salario sustancial que percibiría como miembro del Consejo Consultivo si completa su mandato. Este caso refleja una tendencia en España, donde diversas comunidades otorgan a sus expresidentes beneficios que varían desde pensiones vitalicias hasta coches oficiales y seguridad, generando disconformidad en la ciudadanía.

La situación se agrava por el hecho de que 11 comunidades autónomas mantienen políticas que garantizan sueldos para expresidentes, incluyendo a Madrid, que está en proceso de regularizar esta práctica. En contraste, regiones como Baleares y La Rioja limitan los privilegios a simples tratamientos honoríficos. Además, comunidades como el País Vasco y Cataluña permiten que exmandatarios reciban salario durante períodos extendidos, en ocasiones complementando sus pensiones. Este escenario ha impulsado iniciativas legislative de reforma para frenar estas percepciones de privilegio en la política, un tema que sigue generando controversia y debate público.

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