El recientemente implementado canon del agua en Castilla-La Mancha ha generado controversia y descontento entre los ciudadanos, quienes ya ven reflejada esta nueva carga en sus recibos desde el inicio del año. La Junta de García-Page, en un movimiento criticado por su falta de transparencia, introdujo este impuesto en la última noche del año, derivando en un aumento de los costos del agua, una situación que muchos consideran un regalo de Año Nuevo para el gobierno regional a expensas de los bolsillos de los castellano-manchegos. En medio de la justificación dada por la administración, que apunta a regulaciones europeas como la causa subyacente, los socialistas locales han intentado responder al alcalde de Albacete, aunque su falta de argumentos sólidos ha dejado muchas preguntas sin respuesta.
A pesar de las explicaciones esbozadas en la misiva enviada por el PSOE, no logran convencer sobre la necesidad o la justificación del nuevo impuesto. Con afirmaciones que minimizan el impacto fiscal, los socialistas han optado por desviar la atención, argumentando que el canon no es solo responsabilidad de la Junta, sino de regulaciones de la Unión Europea. Lo que se evidencia es la creación de un nuevo impuesto que, según analistas, podría generar un ingreso considerable para la administración regional. La frustración de los ciudadanos crece, y la petición es clara: requieren no solo una mayor claridad en la comunicación sobre los impuestos, sino también medidas concretas y efectivas que mitigen el impacto de estas nuevas cargas en sus economías.
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