Desde hace más de tres años, la política española ha estado marcada por el escándalo conocido como el caso Ábalos, que surgió a raíz de una revelación de la periodista Ketty Garat. La información reveló un episodio de excesos en un parador relacionado con el exministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. A pesar de las desmentidas iniciales y la defensa del Gobierno, los informes sobre comportamientos inapropiados y corrupción en el entorno de Ábalos llevaron a su destitución y desencadenaron investigaciones que implicaron a otras figuras relevantes del partido, generando un ambiente de tensión entre el Ejecutivo y el Judicial.

La situación escaló aún más con la aparición de nuevos testigos dispuestos a colaborar con la justicia, entre ellos el empresario Víctor de Aldama. Sus revelaciones sobre la trama de comisiones vinculadas a adjudicaciones de obras públicas fueron clave para desentrañar el caso, lo que llevó a la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Mientras el clima en Ferraz y Moncloa se torna cada vez más nervioso, con implicaciones que alcanzan a altos dirigentes del PSOE, se desvela un entramado donde los antiguos colaboradores se ven forzados a confesiones, buscando así poder mitigar sus propias culpas en un escándalo que amenaza con desestabilizar al actual Gobierno.

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