La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció acciones legales contra la Comunidad de Madrid por no crear el registro de objetores de conciencia que estipula la ley del aborto. Durante un acto de Más Madrid, García señaló que esta omisión representa una «rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres» y criticó a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por lo que calificó de comportamiento «trumpista» y su oposición a un derecho respaldado por el Tribunal Constitucional. La ministra insistió en que la ley de 2023 debe cumplirse y cuestionó abiertamente el motivo detrás de esta resistencia hacia los derechos de las mujeres.
Por otro lado, García se refirió a la manifestación convocada por los sindicatos médicos en protesta por las reformas laborales, afirmando que el nuevo estatuto abordará las preocupaciones del sector y mejorará las condiciones laborales. En respuesta, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, se mostró contraria al registro de objetores y defendió que la cuestión sea resuelta por los tribunales para asegurar la libertad de conciencia. Matute afirmó que la Comunidad de Madrid busca que el aborto sea «legal, seguro y poco frecuente», y subrayó la importancia de no perseguir a profesionales por sus decisiones en torno al aborto.
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