La reciente firma de un protocolo entre la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia de la región marca un avance significativo en la atención a personas con enfermedades mentales en riesgo de judicialización. Este acuerdo busca establecer métodos coordinados que permitan una mejor intervención y seguimiento de aquellos que han cometido delitos o están en peligro de hacerlo. A través de las Comisiones de Análisis de Casos, conformadas por profesionales de diversas áreas, se trabajará para ofrecer una atención integral, asegurando la detección de necesidades y la implementación de estrategias oportunas.
Desde su creación en 2013, estas comisiones han facilitado el intercambio de información y recursos entre las administraciones involucradas, con el objetivo de mejorar la integración social de individuos afectados. Este protocolo también contempla el diseño de estrategias de prevención y la elaboración de guías conjuntas para el apoyo en la reinserción social de quienes han cumplido condenas. Con una comunicación más efectiva y un enfoque en la detección temprana, se espera minimizar el riesgo de judicialización para aquellos que enfrentan problemas de salud mental, asegurando que reciban la atención que necesitan en el momento adecuado.
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