Delegados y delegadas de UGT y CCOO se han concentrado este viernes ante la sede de FEDA para expresar su protesta tras el reciente fallecimiento de un monitor que se cayó al vacío en la tirolina de Letur, un trágico suceso que marca la sexta muerte en la provincia en menos de un mes y la novena en lo que va de año. Durante la concentración, han exigido a la patronal que se siente a negociar de manera efectiva, con el fin de implementar medidas que frenen la creciente siniestralidad laboral.
Francisco Javier González, secretario general de UGT Albacete, ha subrayado la gravedad de la situación que padecen los trabajadores de la provincia. En una reciente reunión del grupo permanente de trabajo de prevención de riesgos laborales, González lamentó la ausencia de un representante de la dirección de la patronal, evidenciando que solo acudió una técnica de FEDA. «Es inaceptable que no se esté abordando un problema tan serio en conjunto. Para frenar esta lacra, es fundamental que trabajemos juntos, pero parece que los empresarios muestran reticencias a la negociación», afirmó.
Con la trágica cifra de seis compañeros fallecidos en su trabajo, González enfatizó que detrás de esas estadísticas hay «familias rotas» y reiteró la necesidad de establecer un diálogo con los empresarios acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Aunque valoró positivamente la inminente aprobación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, alertó que esta no es la solución a corto plazo. «Es una buena noticia, pero necesitamos medidas urgentes y eficaces de manera inmediata», insistió.
Por su parte, Paco Gómez, secretario general de CCOO Albacete, destacó que en la reunión de la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo quedó claro que la responsabilidad en los accidentes laborales recae principalmente en los empresarios. Gómez mencionó estadísticas proporcionadas por la Inspección de Trabajo que indican que las empresas deben mejorar en la realización de evaluaciones de riesgos. De las 68 actuaciones realizadas, se reclamaron 138 y se levantaron 59 actas de infracción, sumando un total de 100.000 euros en multas.
Gómez subrayó que estas evaluaciones, fundamentales para prevenir accidentes, a menudo son meras copias de otros centros de trabajo y no reflejan los riesgos específicos de cada empresa. Además, resaltó que en las 18 inspecciones sobre recursos preventivos, se contabilizaron 14 requerimientos y 6 actas de infracción, también con un impacto económico de 100.000 euros. «Esto evidencia incumplimientos por parte de las empresas, que no priorizan la prevención y muestran resistencia a colaborar e informar a los delegados de prevención», concluyó.
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