La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha propuesto intensificar las inspecciones médicas para abordar el supuesto fraude en bajas laborales por Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC). Su presidente, Ángel Nicolás, argumentó que el crecimiento de estas bajas, que ha aumentado casi un 28% desde hace un año, y la dificultad para verificar su veracidad, especialmente en casos de salud mental, justifican esta medida. Nicolás estima que hasta un 20% de estas incapacidades serían fraudulentas, lo que generaría un coste cercano a 90.000 millones de euros en el país.
En respuesta, UGT Castilla-La Mancha ha manifestado su respeto hacia los profesionales de la salud que evalúan estas bajas, enfatizando la importancia de que las empresas cumplan con las normativas laborales para crear entornos de trabajo seguros. La secretaria de Empleo del sindicato, Isabel Carrascosa, destacó que los riesgos psicosociales, que afectan a la salud mental de los empleados, deben ser reconocidos como enfermedades profesionales, a lo que la patronal respondió subrayando la necesidad de sancionar a quienes se aprovechan del sistema.
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