El debate en torno a la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) se intensifica en el seno del Gobierno español, enfrentando a sus socios de coalición. Mientras el PSOE defiende que el SMI debe continuar tributando el IRPF tras su reciente aumento, Sumar, su socio minoritario, demanda que este quede exento de impuestos. Fuentes del Ministerio de Hacienda han reafirmado su intención de vetar la ley propuesta por Sumar, que busca modificar esta obligación fiscal, argumentando que su rechazo es necesario para evitar un déficit en las arcas públicas que podría alcanzar los 2.000 millones de euros.
A pesar de las tensiones, Sumar ha manifestado su disposición a levantar el veto en la Mesa del Congreso si no se llega a un acuerdo satisfactorio. Aunque intentan evitar un enfrentamiento directo, el grupo plurinacional considera injusto que los trabajadores con SMI tributen, defendiendo su propuesta como la única solución adecuada al problema. Mientras tanto, el PSOE argumenta que la reciente subida del SMI justifica su tributación, advirtiendo que omitir impuestos podría comprometer futuras alzas. El Gobierno tiene un plazo de 30 días para responder oficialmente a la iniciativa presentada por Sumar, lo que encomienda a la coalición un desafío por resolver en medio de una creciente presión política.
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