El devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el centro de Birmania el 28 de marzo ha dejado un saldo alarmante de más de 3.400 muertos y más de 4.800 heridos, según los últimos informes. Aunque la agencia oficial china Xinhua menciona 3.455 fallecidos y 214 desaparecidos, medios locales elevan la cifra de muertos a más de 3.900, reflejando las vastas dificultades en la evaluación de los daños y el rescate de supervivientes en un contexto de crisis política y social. El país, que se encuentra sumido en el caos tras el golpe de Estado de 2021, enfrenta un doble desafío: la necesidad urgente de ayuda humanitaria y la continua violencia de un conflicto civil que se ha intensificado por la catástrofe natural.
A pesar de un cese al fuego declarado por la junta militar para facilitar la asistencia a las zonas afectadas, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG) ha denunciado que los ataques por parte de las fuerzas armadas han dejado 68 muertos en una semana, a pesar de los esfuerzos por establecer una tregua durante la crisis. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha corroborado que la escala de la violencia ha continuado, dificultando el acceso humanitario en áreas devastadas por el terremoto. Activistas y organizaciones de ayuda advierten sobre la desesperante necesidad de asistencia inmediata, instando a todas las partes a priorizar la seguridad y el bienestar de la población afectada en medio de un entorno de angustia y desesperación.
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