UCIN Albacete ha denunciado públicamente la situación “insostenible” que atraviesan los profesionales del transporte y el reparto en la capital albaceteña debido a la falta de grúas municipales y a la ocupación indebida de las zonas de carga y descarga. La formación señala directamente a la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular, liderado por el alcalde Manuel Serrano, a la que responsabiliza de convertir el trabajo diario del sector en una auténtica carrera de obstáculos.
El responsable de movilidad de UCIN Albacete, Julián Fuentes, ha comparecido este jueves para exponer las dificultades a las que se enfrentan los transportistas, una problemática que, según ha explicado, se ha visto agravada tras la eliminación de numerosas plazas de aparcamiento en la ciudad. Esta medida ha generado un efecto dominó que empuja a muchos conductores a estacionar en zonas reservadas para la carga y descarga, impidiendo el desarrollo normal de la actividad profesional.
Fuentes ha puesto el foco especialmente en el uso indebido de estos espacios por parte de vehículos con tarjeta de Movilidad Reducida (PMR), recordando que estos ya disponen de ventajas para aparcar en otras zonas reguladas de la ciudad. “Cuando estos vehículos ocupan áreas destinadas a camiones de gran tamaño, se bloquea por completo el trabajo de los repartidores”, ha señalado.
Desde UCIN denuncian además la paradoja a la que se enfrentan los transportistas cuando solicitan la intervención de la Policía Local y se les comunica que no hay grúas disponibles. “El profesional llega a su punto de descarga, encuentra el espacio ocupado ilegalmente y, ante la falta de soluciones, se ve obligado a parar en doble fila o sobre la acera. Lo que debería ser una descarga de cinco minutos se convierte en media hora y, para colmo, es el transportista quien acaba expuesto a una sanción”, ha lamentado Fuentes.
Ante esta situación, UCIN Albacete exige la adopción de medidas “de sentido común”, entre las que destaca la exclusividad absoluta de las zonas de carga y descarga para uso profesional, sin excepciones para otros colectivos; una mayor presencia policial para sancionar a los infractores cuando no sea posible retirar los vehículos con grúa; y una revisión de la política municipal de aparcamiento que, a su juicio, está empujando a muchos ciudadanos a cometer infracciones por necesidad.
La formación concluye reclamando soluciones inmediatas que permitan garantizar el derecho al trabajo de los transportistas y mejorar la convivencia y la movilidad en la ciudad.
