La reciente decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la Copa de África 2025 ha generado un intenso revuelo. La final, que tuvo lugar en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, culminó en controversia cuando un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido antes de la prórroga provocó que los jugadores de Senegal, salvo Sadio Mané, abandonaran el campo en señal de protesta. Aunque Brahim Díaz falló el penalti y Senegal ganó 1-0 en la prórroga, la apelación de Marruecos se centró en el abandono del terreno sin autorización del árbitro, una infracción según el artículo 82 del reglamento, motivo suficiente para que la CAF reconsiderara el resultado a favor de Marruecos.
El Gobierno senegalés ha rechazado categóricamente la decisión, calificándola de injustificada y anunciando que tomará medidas legales para revertirla. Además, acusó a la CAF de presunta corrupción, exigiendo una investigación internacional independiente. Esta situación inusual en el ámbito deportivo evoca otros episodios históricos de desposesiones de títulos, si bien por motivos diferentes, como el dopaje, y plantea un debate sobre los límites de las decisiones administrativas en el deporte. La tensión no solo reverbera en los círculos futbolísticos, sino también en el panorama diplomático de África occidental. Senegal busca reivindicar no solo su victoria deportiva, sino también la integridad y el mérito de sus atletas, afirmando que utilizarán todas las vías legales internacionales disponibles para que prevalezca la justicia.
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