Doce estados de Estados Unidos han interpuesto este miércoles una demanda contra la administración de Donald Trump en un intento de impugnar la legalidad de su agenda arancelaria. Los fiscales demócratas de estos estados argumentan que dicha agenda socava la autoridad del Congreso para regular el comercio exterior, al permitir que el presidente imponga aranceles significativos sin el consentimiento legislativo. La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional, señala que la invocación de una ley de 1977 que concede poderes de emergencia al presidente no justifica las medidas tomadas, ya que las supuestas amenazas que invoca Trump no cumplen con los criterios que dicha ley establece.
El desafío legal es liderado por los fiscales generales de Arizona y Oregón, quienes afirman que las amenazas proclamadas por Trump como emergencias nacionales son, en realidad, comunes y no extraordinarias. La Casa Blanca, por su parte, ha rechazado la demanda, calificándola de «cacería de brujas». Un portavoz de la administración defendió el uso de la autoridad legal del presidente para abordar lo que considera emergencias nacionales, como la migración ilegal y el déficit comercial. Además, esta no es la única acción legal en curso sobre el tema, ya que empresas estadounidenses y grupos de derechos civiles también han impugnado la capacidad del gobierno para imponer aranceles de manera unilateral.
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