La presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, presentó este viernes en el Palacio de Justicia de Albacete la memoria judicial del año 2024, en la cual resaltó un aumento del 8,7% en los casos judiciales pendientes en comparación con el año anterior, una situación atribuida a la escasez de jueces en la región. A pesar de este aumento en los casos pendientes, Astray destacó que las resoluciones judiciales han crecido un 25,9%. Sin embargo, esta mejora en la capacidad resolutiva no es suficiente para hacer frente al incremento del 14,6% en el ingreso de nuevos litigios.

El balance del último año judicial muestra que los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha resolvieron un total de 263.460 asuntos, en contraste con los 196.497 del 2023, mientras que se registraron 283.872 nuevos casos. La presidente del Tribunal resumió el año fiscal señalando que, aunque los tribunales han realizado un mayor esfuerzo en la resolución de casos, no han logrado reducir el número de asuntos pendientes. Este problema se agrava por la falta de jueces, ya que Castilla-La Mancha cuenta con la menor dotación de jueces por habitante, con solo 10 por cada 100,000 habitantes.

Astray también mencionó que el aumento en la litigiosidad se debe, en parte, al crecimiento poblacional y a una mayor presión judicial, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara. A pesar de la reciente puesta en funcionamiento de nuevos juzgados y magistrados, la presidente reiteró la necesidad de crear 45 nuevas plazas para jueces y magistrados en la región, subrayando que «hay que destinar muchos recursos a un territorio muy extenso que es muy difícil de cubrir».

En términos de litigiosidad, la jurisdicción social ha destacado por un aumento notable del 34,5% en nuevos casos, seguida por la jurisdicción civil con un incremento del 31%. Los casos en jurisdicción penal también han crecido casi un 15%, y los Juzgados de Primera Instancia han experimentado un aumento del 23,8%.

Astray abordó también la problemática de las infraestructuras judiciales, citando que algunos juzgados, como los de Illescas y Talavera, operan en dependencias muy reducidas o temporales. Esto implica que los jueces deben compartir salas de vistas y carecen de sistemas adecuados para grabar los procesos, lo que no solo crea retrasos en la justicia, sino que también afecta a las víctimas. Destacó la importancia de contar con salas adecuadas y servicio de videoconferencias para proteger a personas vulnerables, como víctimas de violencia de género.

En cuanto a la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia, la presidente valoró que alcanzar los objetivos de eficacia será un desafío sin un incremento presupuestario. La nueva estructura afectará de manera más significativa a las capitales de provincia, que soportan una mayor carga de trabajo. Astray manifestó que, si bien hay una sintonía de colaboración entre los diferentes actores judiciales, la implementación de cambios previos ha demostrado ser complicada en su aplicación, y reiteró que sin una propuesta ambiciosa de presupuesto y un aumento en la planta judicial, se enfrentarán a serios retos futuros.

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