Las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, presentadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, proponen una drástica reducción de las derivaciones de agua, que podría alcanzar hasta un 40% para 2027. Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre los gobiernos autonómicos de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, así como entre los regantes del acueducto. La Generalitat Valenciana ha calificado esta decisión como un «castigo» por parte del Gobierno central, argumentando que afecta gravemente a la economía y al futuro de miles de familias agrícolas en el sur de Alicante.
Por su parte, el Gobierno murciano ha expresado que las nuevas reglas son una traición a la región y un golpe devastador para el sector primario, citando un recorte del 50% en los envíos de agua a Levante en unos años. La Junta de Andalucía también ha criticado lo que consideran un «hachazo» al trasvase, advirtiendo que los regadíos almerienses perderán recursos cruciales. Además, líderes del sector agrícola, como el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, han alertado sobre las posibles consecuencias adversas para la agricultura, prediciendo que muchos meses podrían registrarse con un trasvase cero.
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