Castilla-La Mancha se posiciona a la vanguardia del sistema de dependencia en España, asumiendo más del 70% de los costos y destinando anualmente más de 649 millones de euros a la atención de 78.000 familias. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destaca que este amplio compromiso no solo refleja la apuesta de la región por un modelo de cuidados cercano y eficiente, sino también la necesidad de una mayor corresponsabilidad por parte del Gobierno central para asegurar la sostenibilidad del sistema. Desde 2015, la contribución del Estado ha crecido, pero aún no alcanza el 50% estipulado por la ley, lo que limita la expansión de servicios y la profesionalización del sector.

García Torijano también subrayó el éxito de las iniciativas desarrolladas en áreas rurales que han contribuido a reducir los tiempos de espera para recibir atención, logrando una cobertura del 27,5% frente al 24% de la media nacional. En un evento reciente, la consejera resaltó el papel crucial de las personas mayores y la colaboración con organizaciones como Cáritas, que este año ha recibido más de tres millones de euros para financiar 53 proyectos de inclusión y apoyo. Este enfoque integral refuerza el compromiso de Castilla-La Mancha con el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables, garantizando que nadie se sienta solo en su vejez o situación de dependencia.

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