El responsable de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha hecho un llamado a la colaboración entre el Gobierno central y el regional para resolver el desacuerdo sobre el reparto de menores migrantes, subrayando la importancia del diálogo y la humildad en este proceso. Su declaración surge tras la aprobación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo de Emiliano García-Page contra un real decreto que establece un sistema de distribución obligatorio de menores extranjeros no acompañados. Carlés ha defendido el modelo de acogida que se aplica en la región, basado en hogares pequeños, destacando la necesidad de una financiación adecuada para garantizar condiciones dignas y efectivas para estos menores.
Carlés se opone a la idea de alojar a los menores en instalaciones inadecuadas, como naves, y enfatiza que la solución debe centrarse en imitar el exitoso sistema actual de Castilla-La Mancha. Además, ha señalado que la cuestión de los menores migrantes es una problemática global que requiere un enfoque conjunto, no solo en España, sino en toda Europa. En este contexto, ha resaltado la relevancia de promover un programa de autonomía personal para los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, garantizando así su integración y bienestar en la sociedad.
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