La controversia en torno a la negativa del alcalde de Gualda, Mariano Bravo, de izar la bandera de España en el Ayuntamiento ha escalado a niveles superiores tras la intervención de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara. Esta acción se desencadenó luego de una denuncia formal presentada por un vecino, quien acusó al regidor de no cumplir con la Ley 39/1981, que establece la obligación de exhibir la enseña nacional en las administraciones públicas. La Subdelegación ha asegurado que tomará medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa, aunque no se han establecido plazos concretos para ello. Pese a la presión, Bravo ha optado por no hacer declaraciones al respecto.
La situación ha puesto de manifiesto un conflicto latente en la pequeña entidad territorial de Gualda, llevándolo del ámbito local al foco de atención gubernamental. Aunque el alcalde de Cifuentes, Marco Antonio Campos, ha resaltado que no tiene jurisdicción sobre las decisiones de Bravo, ha quedado claro que la exhibición de la bandera es una obligación legal y no una cuestión de elección personal. La denuncia ha reavivado un debate sobre el cumplimiento de la normativa en localidades pequeñas, dejando al descubierto las tensiones que pueden surgir entre la determinación de un líder local y las exigencias legales estatales.
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