La renuncia de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, para asumir un cargo como diputado ha reavivado el debate sobre la figura del aforamiento en España. Aunque comúnmente se asocia a políticos, en la provincia de Albacete hay un total de 1.291 aforados, de los cuales solo 17 son figuras políticas, incluyendo miembros del PSOE y PP como diputados nacionales y senadores. La mayor parte de esta categoría la ocupan funcionarios del ámbito judicial y fuerzas de seguridad, destacando un grupo significativo de jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil.

El aforamiento, definido como un fuero judicial especial que permite a ciertas personas ser juzgadas por tribunales superiores, suscita opiniones encontradas. Un magistrado local resalta que, aunque ofrece la ventaja de asegurar un tribunal de rango superior, también limita las vías de apelación. Así, mientras que un ciudadano común puede apelar a múltiples instancias judiciales, un aforado tiene un acceso restringido a los recursos judiciales, un aspecto que ha generado controversia en las discusiones sobre la justicia y la equidad en el sistema legal.

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