El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación tras la publicación del nuevo esquema de planificación hidrológica por parte del Gobierno central, que entrará en vigor a partir del 2027. Este nuevo marco generará «incertidumbre» entre agricultores y ganaderos, quienes se encuentran en una situación difícil para adaptar sus cultivos y satisfacer la demanda de alimentos de los ciudadanos.
Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, ha señalado que las primeras impresiones sobre la nueva normativa son negativas, destacando que se centra en restricciones y prohibiciones. Durante la reunión con el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, Gómez subrayó que todas las confederaciones hidrográficas, a excepción de las afectadas en menor medida como la del Ebro y el Duero, enfrentarán restricciones similares, impactando directamente a las cuencas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar.
La consejera enfatizó la necesidad de que los agricultores y ganaderos conozcan las «reglas del juego» lo antes posible, dado que la escasez de recursos hídricos podría repercutir en la protección ambiental de los espacios naturales y en las necesidades productivas de estas áreas. También destacó la importancia de los encuentros con Asaja para defender los intereses de la región ante las siete confederaciones implicadas.
En este contexto, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha propuesto convocar una conferencia sectorial de medio ambiente a finales de enero o principios de febrero, donde se espera abordar las inquietudes de Castilla-La Mancha antes de llevarlas al Consejo Nacional del Agua.
Gómez hizo hincapié en que, a pesar de que los embalses de cabecera están en niveles superiores a la media, estos representan una reserva estratégica que debe gestionarse adecuadamente para no desperdiciar el agua. La consejera está dispuesta a presentar propuestas y «líneas rojas» en las reuniones de los consejos de demarcaciones que se llevarán a cabo a principios de 2025.
Por otro lado, Asaja, que cuenta con 30.000 afiliados en Castilla-La Mancha, tiene previsto realizar un viaje a Bruselas del 15 al 17 de enero para reunirse con autoridades europeas y denunciar las problemáticas del sector agrario. Fresneda se ha quejado de las «condiciones de producción escandalosas» y del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, pidiendo una prórroga para su implementación. Además, se plantearán movilizaciones, negociaciones, y en última instancia, acciones legales si no se obtienen respuestas adecuadas a las necesidades del sector.
Finalmente, Asaja también se propone abordar la grave situación de sequía que afecta especialmente a la provincia de Albacete con las autoridades europeas, buscando así medidas de mitigación que puedan apoyar a los afectados.
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