El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha declarado un estado de excepción de 90 días en un esfuerzo por restablecer el orden en medio de una crisis nacional marcada por bloqueos que paralizan el país desde hace 50 días. En un discurso lleno de determinación, Paz afirmó que la medida tiene como fin devolver la libertad a los ciudadanos ante el caos generado por las manifestaciones de grupos campesinos que no reconocen un reciente acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país. Con el apoyo de Policía y Ejército, el gobierno busca asegurar el libre tránsito y garantizar la seguridad, mientras el presidente hace un último llamado al diálogo.
El anuncio de Paz llega después de alcanzar un acuerdo con la COB para detener las manifestaciones, pero el conflicto persiste con los sindicatos campesinos afines a Evo Morales, exigiendo la renuncia de Paz y manteniendo los bloqueos. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari ha rechazado el acuerdo, prometiendo intensificar sus protestas. La situación ha causado pérdidas económicas significativas, estimadas en 2.600 millones de euros, complicando las negociaciones del gobierno con el FMI. Mientras Paz intenta reformar la economía con políticas de libre mercado, la crisis afecta gravemente a agricultores, mineros y grupos indígenas, a pesar del apoyo logístico y alimentario de Estados Unidos.
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