La Comisión Europea ha comunicado que, aunque la regularización extraordinaria de migrantes en España es competencia del gobierno de Pedro Sánchez, se debe garantizar que no afecte negativamente a otros países de la Unión Europea. La preocupación principal radica en evitar que personas que obtienen permisos de residencia en España se trasladen a otros estados miembros sin autorización, lo que podría desestabilizar la cohesión de las políticas migratorias del bloque. El comisario responsable de migración hizo hincapié en que este tipo de regularizaciones deben responder a una visión estratégica conjunta que contemple una migración segura y controlada, instando a que cualquier abuso sea abordado con firmeza.
El debate en el Parlamento Europeo ha suscitado una variedad de opiniones. Mientras socialistas, verdes e izquierda defendieron la medida como respuesta a necesidades económicas y una cuestión de justicia para migrantes ya establecidos, las críticas vinieron de partidos como el Partido Popular Europeo y agrupaciones de derecha que consideran la regularización como una maniobra política que podría comprometer la seguridad fronteriza del bloque. Hubo llamados específicos a respetar los procesos consensuados y a abordar cada caso individualmente. Las tensiones también se reflejaron en el intercambio de retóricas, con acusaciones cruzadas de hipocresía y racismo, mostrando lo polarizado que está el tema migratorio en el ámbito político europeo.
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