La Comisión Europea ha expresado sus dudas sobre la ley de amnistía española, resaltando que podría interpretarse como una «autoamnistía». Según el Ejecutivo comunitario, la ley se enmarca en un acuerdo político que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y se sostiene gracias a los votos de sus beneficiarios. No obstante, la Comisión aclara que no considera que la norma afecte de manera directa a los intereses económicos de la Unión Europea, aunque subraya la necesidad de que los tribunales nacionales evalúen si existen vínculos suficientes entre las acciones ilícitas y estos intereses.
En sus observaciones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión critica la falta de claridad en la aplicación de la amnistía, lo que podría permitir la exoneración de responsabilidades. Además, denuncia que no se han seguido las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que pedía normas más claras sobre la amnistía y un análisis más riguroso de los casos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017. El Tribunal debe ahora decidir sobre cuatro casos relacionados con la amnistía, siendo la primera vista programada para el 15 de julio en Luxemburgo.
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