El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la iniciativa de proponer cambios en la regla de gasto y un nuevo modelo de financiación autonómica que busque asegurar la igualdad en la prestación de servicios públicos. Durante las XIII Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, expresó su desacuerdo con el principio de ordinalidad en la financiación, argumentando que este favorece a las comunidades con mayor capacidad económica en detrimento de aquellas en situaciones más vulnerables. Ruiz Molina enfatizó que todos los ciudadanos deben tener acceso equitativo a servicios esenciales, independientemente de su localización o situación económica.
Durante el evento celebrado en Valencia, donde participaron expertos y autoridades de varias comunidades, Ruiz Molina abogó por un enfoque multilateral en lugar del bilateral que actualmente predomina. Criticó el reciente acuerdo entre el Gobierno español y la Generalitat, que establece negociaciones que pueden ignorar las necesidades de otras comunidades. Además, subrayó la necesidad de debatir cómo la regla de gasto puede ser compatible con el crecimiento de los servicios públicos fundamentales, instando a una revisión del sistema que permita a las comunidades gestionar sus capacidades de gasto de manera más equitativa.
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