El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha decidido llevar el polémico reparto del nuevo impuesto a la banca ante el Tribunal Constitucional. Esta medida, que surge tras recibir informes favorables de los servicios jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo, ha sido el centro de atención del Consejo de Gobierno extraordinario convocado por Page. El mandatario argumenta que la distribución del impuesto, que asigna fondos de acuerdo al PIB de cada comunidad, resulta sumamente injusta para su región, que solo recibiría un 3,5% de la recaudación, en contraste con las cifras mucho más favorables para comunidades como Madrid y Cataluña.
Durante un acto institucional por el Día del Agua en Tarancón, García-Page criticó el régimen de reparto al calificarlo de «reaccionario» y «regresivo». Según su opinión, se trata de un mecanismo que termina beneficiando a las comunidades más ricas en detrimento de aquellas con mayores necesidades. El presidente autonómico sostiene que es la primera vez en España que se realiza un reparto de fondos de esta manera y que dicho proceso vulnera principios constitucionales fundamentales.
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