CCOO ha expresado su preocupación por la posible transferencia de numerosas competencias públicas a empresas privadas a través de las entidades colaboradoras. Esta situación podría derivar en un debilitamiento de la gestión pública y en un aumento de la privatización de servicios esenciales, lo que generaría un impacto directo en la calidad de la atención a la ciudadanía. La organización sindical advierte que este movimiento no solo pone en riesgo la función de las entidades públicas, sino que también puede afectar los derechos laborales de los profesionales del sector.
Por su parte, STAS ha puesto de manifiesto un importante pronunciamiento del Consejo Consultivo, el cual ha calificado su dictamen como «demoledor». En este sentido, se hace un llamado a modificar alrededor de la mitad de los artículos relacionados en la normativa evaluada, señalando las deficiencias y puntos controversiales que afectan la correcta interpretación y aplicación de las leyes. La urgencia de estas revisiones subraya la creciente preocupación por el futuro de la gestión pública y la necesidad de garantizar un marco legal que proteja los intereses tanto de los trabajadores como de la ciudadanía.
Leer noticia completa en La Tribuna de Albacete.
