Cerca del 20% del territorio mundial, incluyendo España, se encuentra en un estado de desertificación, un fenómeno que afecta gravemente zonas áridas y semiáridas debido a cambios climáticos y actividades humanas. Según el Ministerio de Transición Ecológica, el 74% del territorio español enfrenta este riesgo, que ha aumentado en las últimas décadas por el calentamiento global y la creciente demanda de agua para la agricultura. En este contexto, se presenta la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, que busca promover la gestión sostenible de los recursos naturales y la restauración de áreas degradadas, alineándose con las metas de la Agenda 2030 de la ONU.

El impacto de las sequías es significativo y en aumento, con pronósticos que indican que los costos relacionados se duplicarán para 2025 en comparación con el año 2000. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señala que las sequías han aumentado tanto en frecuencia como en intensidad, afectando directamente a la agricultura y exacerbando las desigualdades sociales. Además, el uso insostenible del agua agrava la situación, con la extracción de este recurso en prácticas agrícolas perjudiciales que pueden multiplicar las condiciones de sequía. La OCDE aboga por políticas más integradas y una gestión eficaz de recursos, destacando la necesidad de acciones intersectoriales para fortalecer la resiliencia frente a estos desafíos.

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