El Consejo de Ministros ha adoptado medidas significativas para aliviar la carga económica sobre los ciudadanos de La Palma, tras la devastación causada por la erupción volcánica. Se ha aprobado una bonificación del 60% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los residentes de la isla, aliviando así su situación fiscal. Además, el Gobierno canario ha recibido luz verde para gastar 100 millones de euros de su superávit, destinados a reparar los daños en fincas agrarias y compensar la construcción de infraestructuras en propiedades afectadas por el volcán.
Asimismo, se ha reactivado la moratoria en las obligaciones de pago de intereses, préstamos y créditos para aquellos que perdieron sus tierras en localidades como El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Además, se ha extendido hasta marzo de 2026 el plazo para justificar subvenciones que ascienden a 12 millones de euros, con una partida adicional de 3,3 millones para el Cabildo de La Palma. Estas decisiones, parte del ‘decreto canario’, han sido producto de meses de negociación entre el Ejecutivo central y el Gobierno de las islas, esperando ahora su validación en las Cortes.
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