El Tribunal Supremo ha desestimado la querella presentada contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos fiscales, con la justificación de que los hechos alegados o no constituyen delito, están prescritos o han sido regularizados. La decisión del tribunal se basa en un informe de la Fiscalía, que ya había archivado una investigación similar en marzo de 2022, al concluir que no existían indicios suficientes para iniciar una acción penal. A pesar de los esfuerzos de los querellantes por argumentar lo contrario, el alto tribunal consideró que la querella no aportaba nuevos elementos que justifiquen la reactivación del caso.
El auto del Supremo subraya que no pueden abrirse procesos penales basados en hechos que no cumplan los umbrales económicos exigidos para un delito fiscal. Asimismo, se indica que la selección parcial de argumentos por parte de los querellantes no puede desencadenar una investigación, ya que el decreto de archivo de la Fiscalía se mantiene consistente y razonado. En resumen, la resolución reafirma que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar más de cinco millones de euros para las arcas públicas, lo que resalta la falta de base legal para continuar con la persecución penal del rey emérito.
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