El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha advertido a España sobre la falta de avances en la legislación que regula las relaciones entre los grupos de presión y los parlamentarios. Un informe de seguimiento, publicado recientemente, subraya que aunque se han implementado algunas medidas para mejorar la transparencia legislativa, persiste una «situación insatisfactoria» en lo que respecta a la regulación formal del lobby. Según el GRECO, menos del 10% de los parlamentarios cumplen con la obligación de publicar sus agendas institucionales, lo que revela grandes discrepancias entre la teoría y la práctica en el cumplimiento del Código de Conducta del Parlamento.
Por otro lado, el Gobierno español ha defendido su cumplimiento parcial de las recomendaciones del GRECO, alegando que ha tomado medidas significativas en la prevención de la corrupción, incluida la creación de un ‘Plan de Acción por la Democracia’ que busca fortalecer el Estado de Derecho. Además, se destaca la aprobación de un proyecto de Ley sobre la transparencia e integridad de los grupos de interés, que tendría un impacto positivo en la normativa de relaciones entre ‘lobbies’ y funcionarios públicos. Sin embargo, el GRECO ha señalado la necesidad de un desarrollo más exhaustivo de estrategias de integridad en los cuerpos de seguridad del Estado, evidenciando que aún queda un camino por recorrer en la lucha contra la corrupción en España.
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