El Ministerio de Justicia ha comenzado a tramitar la petición de indulto para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras recibir solicitudes de dos particulares. El gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo el informe preceptivo después de que García Ortiz fuera condenado a dos años de inhabilitación por revelar secretos del empresario Alberto González Amador, vinculado a Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión ha generado un amplio debate, y más de 150 juristas, incluidos destacados exmagistrados y abogados, han manifestado su desacuerdo con la sentencia, describiéndola como «inquietante» y una amenaza a la presunción de inocencia.
Por otro lado, Alberto González Amador ha solicitado la expulsión de García Ortiz de la carrera judicial, desafiando el decreto que permitió su reingreso a la misma. La situación se complica con la intervención de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien había aprobado el regreso de García Ortiz a la Sección de lo Social del Supremo. Este caso ha suscitado una profunda división en la comunidad jurídica y política, subrayando tensiones subyacentes respecto al manejo de la justicia y la protección de derechos fundamentales.
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