La Junta de Castilla-La Mancha ha destinado este año aproximadamente 1.500 millones de euros a la contratación pública, en un esfuerzo por cumplir con la legislación que reserva un porcentaje para centros especiales de empleo y empresas de inserción que emplean a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Aunque la ley establece que este porcentaje debe ser del 10% desde 2020, la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Macarena Sáiz, admitió que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar este objetivo, señalando diversas dificultades asociadas tanto a la administración como a la naturaleza de los contratos. Sáiz anunció que, con el fin de fomentar una contratación más social, se implementará un nuevo decreto en 2025 que ampliará esta reserva a todo el sector público regional.
Durante un evento organizado por la Federación de Centros Especiales de Empleo en Toledo, representantes de la comunidad y del sector de la discapacidad solicitaron ampliar estas reservas a universidades y ayuntamientos, destacando la importancia de contratar a centros especiales de empleo en sus áreas locales. A pesar del progreso en la creación de estas reservas, la necesidad de lograr una mayor inclusión y responsabilidad social en la contratación pública permanece en el centro del debate, con llamados a equilibrar los objetivos medioambientales sin dejar atrás a las personas en situación de vulnerabilidad.
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