Las siete comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que tienen transferidas las competencias de justicia, han decidido no asistir a la reunión convocada por el ministro Félix Bolaños en Barcelona para tratar la nueva ley de eficiencia judicial, la cual ya ha entrado en vigor. Los consejeros alegaron que la falta de un orden del día que incluya temas fundamentales, como la financiación necesaria para implementar la normativa, convierte la reunión en una mera formalidad. Ante esta situación, la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia se suspendió por falta de quorum, generando tensiones entre el Gobierno y las comunidades.
El ministro Bolaños ha lamentado el plante de las comunidades populares, calificándolo de «descortesía institucional» y acusando al PP de buscar la confrontación. En su defensa de la nueva ley, el titular de Justicia subrayó los beneficios económicos que se esperan de su aplicación, incluyendo la transferencia de 325 millones de euros a las comunidades para su implementación y un ahorro previsto de 290 millones en la próxima década. Por su parte, las comunidades que sí asistieron a la reunión han expresado su preocupación por la actitud del PP, argumentando que la política no debería anteponerse a los intereses generales de la justicia.
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