Las Cortes han aprobado una resolución sobre el agua, a pesar de las críticas mutuas entre los partidos, con la mayoría del PSOE y el apoyo del PP. Esta resolución exige al Ministerio la elaboración de un nuevo decreto para la explotación del Tajo-Segura, considerando una sentencia reciente del Tribunal Supremo que impone la implementación imediata de caudales ecológicos del Tajo. Esto contrasta con los planes escalonados del Gobierno que preveían aumentos gradual de los desembalses hasta 2027.
El apoyo del PP al PSOE en esta resolución se produjo a pesar de que su propio texto fue rechazado. En la propuesta popular se demandaba un Plan Nacional del Agua y una auditoría de las necesidades hídricas, además de la derogación de un canon del agua, lo que dificultó el consenso. Durante el debate, se hicieron referencias al reciente debate en el Congreso sobre el trasvase y a la situación del agua en Portugal, con algunos representantes expresando preocupaciones sobre la gestión del agua y la justicia hacia los regantes en Castilla-La Mancha.
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