El panorama político español arranca 2026 con fricciones entre el PSOE y Sumar, tensiones que se exacerban por el enfoque del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la crisis de la vivienda. La formación de Yolanda Díaz critica duramente la decisión del presidente de no extender automáticamente 600,000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia, una estrategia que consideran crucial para evitar un aumento drástico de las rentas. En lugar de eso, Sánchez propone un real decreto ley que ofrece incentivos fiscales a los propietarios que mantengan congeladas las rentas, medida cuestionada por sus aliados de coalición y que ha generado descontento en otros partidos de izquierda, como ERC y Bildu.
El descontento también se extiende al PNV, inquieto por la falta de traspasos de competencias, aunque esta última crisis se ha aplacado con un acuerdo impulsado por Sánchez para transferir cinco competencias clave al País Vasco. El pacto ha calmado a primera vista las aguas con el PNV, pero la falta de comunicación fluida ha provocado la irritación de sus socios de coalición, quienes afirman haberse enterado de las decisiones a través de los medios. Este arranque de año subraya las tensiones en una coalición que, aunque aún se sostiene, enfrenta desafíos significativos mientras navega entre intereses divergentes y una creciente presión social.
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