Sentencian a 12 años de cárcel a empresaria por acoso laboral y humillación a empleados en Albacete

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Albacete ha condenado a 12 años de prisión a M.D.P.R.T., la mujer acusada de seis delitos contra la integridad moral de los trabajadores a su cargo y otros seis delitos de lesiones psíquicas. El tribunal ha confirmado que la condenada efectivamente sometió a los denunciantes a tratos humillantes y vejatorios y prolongó, de manera arbitraria, las jornadas laborales de ciertos empleados.

Entre las víctimas se encuentra J.L., quien fue forzado a trabajar de 8:00 a 21:00 horas, sin descansos para comer, bajo amenaza de despido de su hija I.L., que también estaba empleada por M.D.P.R.T. Esta serie de abusos tuvo lugar a partir del año 2013, al asumir M.D.P.R.T. el cargo de registradora titular del Registro de la Propiedad número 1 de Albacete, y continuaron hasta junio de 2016.

La sentencia detalla cómo M.D.P.R.T. abonaba los salarios a través de cheques, mientras hacía comentarios despectivos a los empleados sobre su rendimiento y les exigía un alto volumen de trabajo con tiempos de ejecución irrealistas. El ambiente laboral tóxico culminó con la baja por estrés y tensión de varios trabajadores en enero de 2014.

Aunque algunos empleados se reincorporaron al Registro en marzo de 2014, periodo en el que M.D.P.R.T. estaba de baja, fue en abril de 2015 cuando todos volvieron a coincidir, desencadenando una segunda ola de bajas el 5 de mayo debido al continuo acoso. La condenada incluso había ordenado a nuevos trabajadores que siguieran y reportaran sobre las acciones de los empleados recién reincorporados.

El comportamiento de M.D.P.R.T. empeoró en 2016, alterando las funciones de los denunciantes sin la debida capacitación, excluyéndolos de reuniones y limitando su comunicación y movilidad en el lugar de trabajo. Estas acciones provocaron en los afectados trastornos adaptativos, que requirieron tratamientos psicológicos y medicación.

M.D.P.R.T. ha sido hallada culpable y condenada a 6 años de cárcel por cada uno de los delitos contra la integridad moral y otros 6 años por cada uno de los delitos de lesiones psíquicas. Adicionalmente, deberá compensar con 20.000 euros a cada uno de los perjudicados, y cubrir las costas del proceso, incluyendo las de la acusación particular. La sentencia permite presentar recurso de apelación.

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