La acusación popular ha solicitado tres años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en un procedimiento que lo investiga por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. Junto a Sánchez, otras diez personas, incluyendo al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se enfrentan a la misma solicitud para abrir juicio oral. Esta acción se basa en presuntas irregularidades que se habrían cometido durante el ejercicio de sus funciones.
El caso ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, donde la instructora del caso, Beatriz Biedma, ya había dictado un auto de procesamiento el pasado 28 de abril. Además de las penas de prisión, la acusación popular ha demandado que David Sánchez restituya los salarios percibidos desde junio de 2017 hasta febrero de 2025, lo que añade una dimensión financiera a las implicaciones legales que enfrenta.
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